Preguntas frecuentes

Es un mecanismo legal que permite a una persona en crisis financiera buscar una negociación con sus acreedores para reorganizar sus deudas bajo reglas claras. No significa declararse en quiebra ni eliminar automáticamente las obligaciones.

El régimen se encuentra en la Ley 1564 de 2012, modificada por la Ley 2445 de 2025. Esta reforma actualizó aspectos del procedimiento para personas naturales no comerciantes e incorporó ciertos pequeños comerciantes bajo condiciones específicas.

Personas naturales que no pueden cumplir normalmente con sus deudas y que requieren evaluar una ruta legal para negociar con acreedores. También pueden revisarse casos de pequeños comerciantes cuando cumplan las condiciones previstas por la normativa vigente.

De forma inicial se revisa si la persona tiene mora superior a 90 días, dos o más acreedores y obligaciones vencidas relevantes frente al total de deudas. Con la Ley 2445 de 2025, el umbral de deudas en mora pasó del 50% al 30% del total de deudas.

Legalmente la viabilidad debe analizarse caso a caso. Comercialmente, MP prioriza casos con deudas superiores a $50.000.000 COP, porque suelen ser escenarios en los que el proceso puede tener mayor sentido operativo y económico.

No. La finalidad principal es buscar una renegociación y un acuerdo de pago viable para pagar de forma ordenada, disminuyendo la presión financiera y jurídica. No debe prometerse eliminación automática de la deuda.

Puede tener efectos frente a cobros y medidas dentro del trámite, pero cada caso debe revisarse según el estado del proceso, la admisión y la documentación. No se debe prometer que todo se detiene de inmediato sin validar el caso.

Debes informar qué acreedor inició el proceso, en qué juzgado está, si existen medidas cautelares y qué bienes podrían estar involucrados. Esa información es clave para revisar la ruta legal.

Depende de la etapa, la admisión, la disponibilidad de documentos y la negociación con acreedores. La Ley 2445 de 2025 contempla reglas de trámite más ágiles, pero los tiempos concretos deben revisarse caso a caso.

La reforma de 2025 reconoce la posibilidad de audiencias virtuales, lo que facilita la participación de las partes. En todo caso, la modalidad depende de la autoridad o centro que tramite el caso.

La Ley 2445 de 2025 amplió el régimen a pequeños comerciantes bajo condiciones específicas, incluyendo límites de activos. Estos casos requieren revisión cuidadosa para determinar la ruta adecuada.

Usualmente se solicita cédula, información de acreedores, montos, ingresos, gastos, bienes, procesos judiciales, obligaciones alimentarias si aplica, y documentos laborales o declaración extrajudicial según el tipo de empleo.

No. MP acompaña la revisión y la estrategia legal, pero no debe prometer que todos los bienes se salvarán. La protección del patrimonio depende del caso, los acreedores, los documentos y el estado de los procesos.

MP orienta, organiza la información, revisa la viabilidad, prepara la solicitud cuando corresponde y acompaña la negociación con acreedores y el seguimiento jurídico del caso.

Mario entra cuando la información ya está organizada, el caso muestra viabilidad o se recibe la solicitud formal con documentos. La etapa inicial debe filtrar y ordenar el caso para cuidar el tiempo jurídico.

Sí. La información compartida se trata con reserva y se utiliza para evaluar la revisión inicial y la posible ruta legal del caso.

Puedes iniciar con datos aproximados y luego completarlos. Es normal no tener toda la información al comienzo, pero para una revisión seria será necesario organizar documentos y acreedores.

Puedes escribir por WhatsApp o completar el formulario de revisión inicial. El equipo te hará preguntas puntuales y te indicará si el caso puede avanzar, si faltan datos o si debe quedar en revisión interna.